Pedro Castillo apeló la orden de prisión preventiva de 18 meses decretada en Perú por presunta rebelión y conspiración. Su defensa señala que el juez del Supremo erró en su decisión ya que el presidente destituido fue acusado sin existir una denuncia constitucional. Además, asegura que el Congreso violó su propio reglamento cuando permitió que la Fiscalía investigara a Castillo y con ello la Justicia se sumó a una venganza política.
